Las personas con trastornos mentales graves constituyen un colectivo caracterizado por necesitar atención, de forma prolongada, en importantes y variadas áreas de su funcionamiento social, personal y familiar. Estas dificultades afectan la autonomía personal y conllevan distintos grados de discapacidad y dependencia.

El término hace referencia a «personas con dificultades de funcionamiento personal y social, derivadas de padecer problemas de salud mental de carácter severo y persistente, en nuestras sociedades», delimitando así un grupo de personas que requieren atención preferente, dadas la multiplicidad y gravedad de sus problemas y la existencia de intervenciones de efectividad razonable.

Existe consenso sobre los criterios a considerar:

1. La sintomatología, que podríamos resumir en un sentido amplio como «psicótica», en la medida en que genera dificultades importantes de captación de la realidad y de manejo, entre otras cosas, de las relaciones interpersonales. Lo que traducido a diagnósticos, suele incluir fundamentalmente Esquizofrenia y otras Psicosis, los trastornos Afectivas y algunos tipos de Trastornos de Personalidad.
2. La evolución prolongada, fijada habitualmente en más de dos años, lo que implica además una utilización continuada o muy frecuente de distintos tipos de recursos sanitarios y sociales, entre los que suele señalarse especialmente los de hospitalización.
3. Y un componente de discapacidad y dependencia, que implica la presencia de alteraciones en varios aspectos funcionales, como el alojamiento, la conducta social, el funcionamiento en la vida cotidiana, las relaciones sociales y el empleo.

Dimensiones a las que se puede añadir siempre otra de carácter «contextual», referida a la existencia de un medio social próximo poco tolerante y/o «agotado», resaltando así una dimensión contextual o relacional.

Hoy existe un elevado grado de consenso profesional en las intervenciones que deben estar disponibles y que son efectivas para la persona con trastorno mental grave y su familia. Esto exige un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias y de apoyo social que garantice su permanencia en la comunidad y el respeto a la consideración de ciudadanos y ciudadanas.

En Andalucía, estas personas presentan una prevalencia de 1.5-2.5 por 1.000 mil habitantes, y su atención se desarrolla en los servicios sanitarios y sociales, de base y orientación comunitaria, y en una red específica de recursos de apoyo social –complementarios tanto de los sanitarios como de los servicios sociales, de empleo y educación– que gestiona FAISEM.